Desde 1996 hasta hoy, todos los gobiernos en sus inicios de gestión anunciaron la necesidad de avanzar hacia una nueva ley de coparticipación, tal como dispuso la última reforma constitucional en 1994.
El gobierno de Cambiemos, ya desde el año pasado avisó su intención de tomar esa dirección, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acaso la figura del gabinete de mejor relación con la mayoría de las gobernaciones, quedó a cargo de la tarea.
La clave, como no podía ser de otra manera, será la negociación: ninguna provincia quiere ceder lo que tiene y, para que haya un final feliz (es decir, ley nueva), se necesita el visto bueno del Congreso nacional y de todas las gobernaciones y las respectivas legislaturas locales.
El Presupuesto 2017, votado con holgura en ambas cámaras, estableció un reparto del 30 por ciento de la recaudación de la Afip para las provincias. “Un tres por ciento más que durante los gobiernos kirchneristas”, sostienen en el oficialismo.
El gobierno de Cambiemos, apenas asumió, acordó un plan con las provincias para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación que antes se destinaba a la Anses. Para el Presupuesto 2017, el Gobierno consiguió llegar a un consenso con los mandatarios provinciales, que apunta a un saneamiento de las cuentas y a lograr “un equilibrio fiscal en 2019”. Estos acercamientos, dicen en el Gobierno, fertilizan el terreno hacia la siempre postergada nueva Ley de Coparticipación Federal. El Gobierno se autoimpuso el desafío de tener esa ley no más allá de 2018.
“Tenemos que avanzar con el objetivo de llegar en algún momento a una nueva ley de coparticipación; también la idea es avanzar en un esquema de responsabilidad fiscal, en tener cuidado en cuánto se gasta y que tenga que ver con cuánto se ingresa, como nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras casas”, afirmó el vice ministro del Interior, Sebastián De Luca.
En coincidencia, el senador nacional por Salta, José Urtubey, integrante del heterogéneo bloque del Frente para la Victoria, tras reiterar que se trata de “una cuenta pendiente de 1994”, planteó: “Es necesario discutir un nuevo régimen de coparticipación”.
A fin del año pasado, el senador nacional por Córdoba Carlos Caserio admitió las dificultades de dictar una nueva ley: “Hasta ahora no se pudo porque todos los distritos deben llegar a un consenso, y ninguna de las provincias está dispuesta a ceder terreno”.
Los tironeos por los recursos coparticipables tuvieron un último capítulo hace unas semanas, cuando el Gobierno nacional, discrecionalmente, transfirió 25 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, distrito gobernado por María Eugenia Vidal, una de las principales figuras del PRO.
Este año no será sencillo para las finanzas provinciales. A julio del año pasado, según el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el stock de deuda provincial había subido a los 343 mil millones de pesos (casi cien mil millones más que a fines de 2015). El año pasado, las provincias, con el guiño de la Nación, emitieron deuda por 7.000 millones de dólares.
Siempre según la publicación del Cippec, durante 2016, Córdoba tomó deuda por 875 millones de dólares y Mendoza por uno 500 millones, mientras que la Ciudad de Buenos Aires lo hizo por 900 millones de dólares y la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con unos 3.000 mil millones de la moneda estadounidense emitidos en Letras de Tesorería.
“Se trata de un régimen implícito de coparticipación del crédito público que el Gobierno nacional ha habilitado a las provincias, sin coordinación y autorizando el endeudamiento en la mayoría de los casos solicitados”, dice un informe del Cippec.
“Queremos un país netamente federal”. La voluntad del Gobierno nacional de avanzar hacia un nuevo régimen federal de reparto de impuestos quedó expuesta en el sitio del Ministerio del Interior. Allí, el viceministro Sebastián de Luca sostuvo: “Tendremos la primera reunión con los gobernadores en febrero. Como todos los temas, lo vamos a discutir y, seguramente, vamos a llegar a los consensos necesarios. Hemos demostrado que queremos terminar con la tendencia unitaria de la Argentina y queremos lograr un país realmente federal”.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar
